El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, confirmó hoy que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de ese país nunca reconoció al gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez
Así, señaló, lo corroboran varias investigaciones que corroboran la ruptura del orden democrático en 2019 mediante un golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales.
‘Nunca hubo reconocimiento del TCP a la autoproclamación definida en reuniones fuera del Legislativo. La Fiscalía General de Bolivia determinó el sobreseimiento de todos los exvocales acusados de ‘fraude’ porque la investigación (realizada incluso durante el golpe) no encontró pruebas’, compartió Lima en Twitter.
La víspera el TCP envió un informe a la Fiscalía de la República en el que niega que lo sucedido en noviembre de ese año se tratara de una ‘sucesión constitucional’, término empleado por los promotores de la asonada para legitimar la imposición de Áñez al frente del país.
Uno de los argumentos del régimen de facto para consolidarse en el poder fue el supuesto respaldo del TCP a la transición, y darle así aires de legalidad a lo que políticos, organizaciones sociales, expertos y otros, denunciaron como una ruptura violenta del hilo democrático en Bolivia.
‘(…) se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019’, afirma el informe del TCP.
Lo anterior demuestra el carácter inconstitucional del régimen de facto que gobernó a la nación suramericana durante un año entre denuncias de represión, persecución política, violaciones a derechos humanos y constitucionales, y escándalos de corrupción, entre otros señalamientos.
El ministro de Justicia recordó que el gobierno de facto, apoyado con armamento y material represivo foráneo, masacró, persiguió y saqueó, y que mediante planes violentos pretendía desconocer la voluntad popular si el Movimiento al Socialismo volvía a ganar en las elecciones generales de 2020.
‘El debido proceso es garantía de justicia y reparación para las víctimas de masacres, corrupción y graves violaciones de Derechos Humanos en el gobierno de facto. Quienes apuestan por la desinformación y la desestabilización solo atentan contra el derecho de las víctimas a obtener justicia’, opino Lima en la referida red social.