Abusos carcelarios y defensa de las empresas públicas convergieron en la semana de Uruguay bajo el denominador común de la Ley de Urgente Consideración (LUC) impugnada hoy por organizaciones sociales
El escandaloso caso de un recluso secuestrado por otros en una cárcel y sometido a extorsión, torturas y tratos degradantes durante 60 días sin intervención de autoridades se mantuvo en foco por sus repercusiones.
Tras conocerse lo acontecido, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó la correspondiente denuncia, solicitó una reunión con el ministro del Interior, Luis Carlos Hebe, e instó a los poderes del Estado a enfrentar lo que calificó de ‘grave problema estructural’.
El Partido Socialista de Uruguay (PS) sostuvo que la LUC empeoró la situación carcelaria en el país, bajo fuerte crítica por violaciones de derechos humanos.
Para el PS la LUC contribuye a su vez a la saturación del sistema penitenciario y por ende a la violencia institucional sistemática a la que es sometida la población privada de libertad, la cual encuentra como primer y única solución el encierro despiadado’.
Una encuesta de la consultora Nómade marcó un telón social con el resultado de que para seis de cada 10 uruguayos las mayores preocupaciones son el desempleo y la pobreza, un 36 y un 21 por ciento, respectivamente.
Tales cifras concuerdan con una tasa actual de 10,4 por ciento de desocupados lo que significa 184 mil personas en esta situación de una población económicamente activa de unos 700 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Cuestionada la LUC por plasmar un programa de restauración conservadora de corte neoliberal, sus detractores advirtieron de la amenaza que se cierne sobre las empresas públicas.
El Sindicato Único Nacional de la Construcción de Uruguay (Sunca) se declaró en ‘situación de alerta’ ante la privatización de la planta estatal de cemento Portland, y expresó su involucramiento con ‘la defensa de las empresas públicas como locomotora del desarrollo productivo nacional’.
Por otra parte, el presidente del sindicato de las telecomunicaciones (Sutel) de Uruguay, Gabriel Molina, denunció ‘una clara maniobra política’ contra la empresa Antel en una auditoría dispuesta por su actual dirección en torno a la inauguración en 2019 del complejo cultural Arena.
El Frente Amplio denunció ‘una clara intención de desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, los motivos de la renuncia del exministro de Turismo, y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad que son responsabilidad del actual gobierno de coalición’.
En la semana se puso en marcha una comisión parlamentaria investigadora sobre irregularidades y presuntos delitos cometidos por el depuesto ministro de Turismo, perteneciente al oficialista Partido Colorado, contra quien la bancada de diputados frenteamplista presentó una denuncia formal en Fiscalía.