Sucre, 30 nov. El abogado del Comité Impulsor de Justicia en Bolivia, Aldo Michel, alertó este martes contra intentos de convertir un proceso por corrupción contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez en un juicio de responsabilidades con privilegios.
“No asumiremos, no aceptaremos una movida que pretenda nuevamente posicionar viejos pactos con la derecha para seguir fomentando la impunidad, que en este tiempo se convirtió en un nuevo intento de golpe y de acción separatista”, aseguró en una declaración enviada a Prensa Latina vía Internet.
Michel criticó la decisión del juez tercero anticorrupción Hébert Torrejón, quien convocó a una audiencia para este martes, la cual fue postergada para el 2 de diciembre.
Consideró que tras la mira de esa convocatoria está nuevamente una maniobra posesionada hace tiempo, que pretende convertir el proceso por corrupción denominado Caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en un proceso de responsabilidades.
La Fiscalía imputó formalmente a Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales y pide su detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
En este expediente se investiga la designación ilegal de una gerente de EBA que, presuntamente, no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. El hecho ocurrió entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, durante el gobierno de facto.
Según las pesquisas, la prima de la exgobernante, Karina Leiva Áñez, no cumplía requisitos para el alto cargo al que le asignaron, como no ser egresada de una licenciatura.
Michel recordó que el 13 de octubre pasado el juez Torrejón rechazó una acción que pretendía nuevamente llevar adelante el procesamiento de Áñez por la vía de un juicio de responsabilidades, que le otorgaría la posibilidad de salir de la cárcel.
“Pero, además, beneficiaría al conjunto de los operadores del golpe de noviembre de 2019, que están siendo procesados por la vía ordinaria y penal”, indicó el abogado.
En opinión de Michel, esta acción denota la existencia de un pacto político por la impunidad, que ahora se opera a partir de los nuevos intentos de golpe de Estado en Santa Cruz.
Consideró que entre esas “conciliaciones” se encuentran las coincidencias entre algunos representantes del oficialismo y de la oposición para posicionar una ley que calificó de “innecesaria” y que dio la posibilidad de salir con alguna “honra” a quienes operaron durante 36 días un paro con violencia en Santa Cruz y perspectivas de golpismo y separatismo.
Interrogado por Prensa Latina acerca del papel del Comité Impulsor de Justicia en la actualidad de Bolivia, Michel insistió en que su objetivo cardinal es luchar contra la impunidad. (Fuente: Prensa Latina).
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