Aunque la mayoría de estas sanciones se aplicó por concepto de tarifas abusivas y altos precios, esa realidad aún golpea a los espirituanos
En lo que va de año, en el territorio espirituano se han realizado más de 40 900 inspecciones que han generado unas 38 700 multas, fundamentalmente por concepto de afectaciones a los consumidores en materia de altos precios, violaciones a las medidas higiénico sanitarias y agresiones al ornato público.
Según un reciente informe de la Dirección provincial de inspección, el importe total de estas sanciones monetarias ya suma alrededor de 15 158 000 pesos, monto en el que también incidieron de forma significativa las violaciones de lo establecido por parte de los transportistas y trabajadores por cuenta propia.
Los inspectores espirituanos, de conjunto con las estructuras gubernamentales, realizaron operativos para enfrentar a personas ilegales que venden sus productos con elevados precios, sin realizar el aporte establecido al presupuesto del Estado.
Además, realizaron controles a los trabajadores por cuenta propia para evitar la oferta de artículos y servicios de primera necesidad con altas tarifas; y chequearon a la Agricultura urbana y Acopio, con el propósito de que sus importes se correspondan con los aprobados por el Consejo de la Administración.
Igualmente, supervisaron las ventas de garaje y la Plaza del mercado —ubicada en la ciudad cabecera—, donde la población continúa insatisfecha por los altos precios, que no siempre están acordes con la calidad de los productos; y revisaron en horario nocturno a entidades estatales y establecimientos particulares, con el fin de evitar violaciones de lo establecido.
En comparación con el pasado año, durante este 2022 en la provincia se han realizado casi 7 400 inspecciones más, se ha crecido en la imposición de casi 6 870 multas por un importe superior a los dos millones 7 000 pesos.
Sin embargo, a pesar de las múltiples acciones realizadas por los cuerpos de inspección del territorio, muchas insatisfacciones persisten entre los espirituanos, fundamentalmente en materia de precios abusivos y especulativos, que se aplican tanto en el sector estatal como en el privado.
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