Del control mucho se ha escrito dada la pluralidad de mecanismos que se han diseñado para su instrumentación y en los diversos ámbitos en que se instrumentan.
Ahora bien, CONTROL, ¿por qué? Porque una sociedad es un espacio plural, en la que interaccionan diversas estructuras de poder, organizaciones sociales y políticas, entidades económicas, asociaciones deportivas, culturales, científicas, centros laborales o de estudio, comunidades, familias y personas; con lo que se requiere de medios que tributen a la armonía social, al respeto de lo previsto, a la salvaguarda de lo acordado.
Téngase en cuenta junto a lo anterior, la existencia de una diversidad de representantes populares, de titulares y funcionarios que a nombre del Estado -en su totalidad o de órganos específicos- intervienen en el proceso de toma de decisiones y de ejecución de medidas; porque en la construcción y desarrollo de una sociedad las normativas y decisiones adoptadas deben ser cumplidas por TODOS.
Porque además, no puede desconocerse que en lo cotidiano pueden tenerse dificultades en la realización o cumplimiento de los proyectos y planes de desarrollo o de producción, que también pueden cometerse errores que impactan en los resultados, o manifestarse conductas lesivas a los valores y que tienen una incidencia negativa en la calidad de los resultados, así como en el pleno disfrute de los derechos y en la confianza del pueblo en su diseño, por lo que el control es una exigencia cotidiana a fin de que sean detectadas y puedan ser reprimidas.
Entre las anteriores, merecen señalarse la corrupción, que privatiza el uso de servicios y bienes colectivos en beneficio personal o de terceros; el abuso de poder mediante el cual se impone sin justificación una autoridad para ser favorecido o lograr una conducta en el subalterno o administrado que en otras condiciones no realizaría; el desvío de poder, las arbitrariedades, el incumplimiento de las disposiciones previstas y la vulneración de los derechos de los administrados y de los ciudadanos en general.
Entonces, CONTROL, ¿para qué? Para asegurar el cumplimiento de las competencias de los órganos del aparato estatal en su conjunto y de los límites para el ejercicio de las mismas; para lograr que se instrumenten efectivamente las medidas adoptadas y evitar -o afrontar- el incumplimiento de responsabilidades o conductas lesivas de los derechos de los implicados. Asimismo, esa verificación pretende validar o rectificar la labor de representación conforme a los intereses de los representados, así como propiciar el respeto de los derechos de todos y el cumplimiento de los deberes establecidos. Con ello, se garantiza la protección de todo y TODOS.
Por tanto, debe suprimirse el malentendido de que control es exceso de limitación, imposición de restricciones, o un medio de prohibición; sino todo lo contrario, es vigilancia y exigencia de instrumentación, de concreción en lo cotidiano de lo que se previó realizar, como también de lo que no debía efectuarse. Para que sea así, no puede ser formal, limitado a informes y modelos de lo que se hizo –aunque también los documentos son importantes- sino que debe poder constatarse la correspondencia entre lo planificado y lo logrado o no, que se informen las medidas y acciones ciertas adoptadas para asegurar cumplimiento, e incluso lo que no se hizo -y era necesario- y fue causa de dificultades. Entonces el control será útil y la información que se brinde de tales acciones y procederes será bien acogida, al mostrar lo cierto, lo real, y no lo formal.
¿Cuándo? Estas acciones han de concebirse en distintos momentos: de manera coloquial diríamos antes, durante y después. Respecto a la primera serían acciones de manera preventiva, a fin de poder advertir necesidades, urgencias, cambios posibles, e incluso evitar la producción de situaciones o hechos no deseados, para salvaguardar lo que se tiene. La segunda oportunidad es durante la realización de las actividades o de la instrumentación de decisiones y medidas acordadas, lo cual tiene la finalidad de verificar el estado de cosas, velar porque se cumpla lo previsto, detectar qué se necesita intencionar para encaminar estas acciones, para lograr que sigan el rumbo o líneas que se pretenden, o incluso qué cambios o ajustes efectuar para alcanzar el resultado previsto. El último momento es el posterior, al cumplirse el tiempo, o luego de la realización, para confirmar, contrastar o validar la calidad de tales acciones, tareas o medidas.
Es decir, la función del control es verificar para asegurar la realización de lo previsto en los planes de desarrollo, producción, instrumentación de resultados; comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, y los acuerdos adoptados tanto en las esferas políticas, administrativas, económicas, así como la gestión de directivos o funcionarios, la labor de los representantes populares o el cumplimiento de tareas por los trabajadores o empleados. En consecuencia, se aseguran resultados, se legitiman decisiones y el sistema de dirección previsto, como también se brinda garantía a los derechos de todos.
Así entonces, ha de quedar clara la existencia de una variedad de controles, de entes participantes, ya sean de controladores o controlados, los que -conjugadamente empleados- se instituyen en un sistema que brinda confianza en los resultados y promueve la participación popular en ese quehacer.
En Cuba, entre esa diversidad de controles, está el control que deben realizar los órganos representativos, Asambleas del Poder Popular respecto a los ejecutivo-administrativos que se encuentran en su marco de actuación, -la Asamblea Nacional respecto al Gobierno y los Ministros, o las Asambleas Municipales respecto a la actuación del Intendente y los miembros del Consejo de Administración- con el fundamento de la superioridad de la voluntad del representante del pueblo respecto a los designados.
Otra modalidad es el control que realizan los superiores respecto a los inferiores, que puede apreciarse, entre otros, en el que realiza la Asamblea Nacional respecto a las Asambleas Municipales respecto a la observancia de las disposiciones adoptadas y la salvaguarda de la legalidad, o los Ministerios en cuanto a las entidades administrativas locales para verificar cumplimiento de reglas, funciones o tareas. Como también está el control que deben poder hacer los trabajadores respecto a la gestión de sus directivos y la obligación de estos últimos de informar y rendir cuenta de los resultados del trabajo de la entidad o institución, logros y limitaciones, pudiendo acordarse acciones para alcanzar lo necesario.
Muy importantes son los controles para asegurar la voluntad del pueblo en su carácter soberano y constituyente, verificando la actuación de los Delegados y Diputados en la representación popular. Aquí se ponen de manifiesto las rendiciones de cuentas que han de efectuar los Delegados municipales respecto a sus electores y los Diputados a las Asambleas Municipales que los nominaron; y, ¿por qué no? Debiera producirse respecto a los habitantes de los territorios por los que fueron electos.
Este control popular puede tener una diversidad de formas de instrumentación y ser de empleo más frecuente, a fin de asegurar un intercambio más constante y directo entre el pueblo y los representantes, de asegurar la satisfacción de los intereses de los electores, de transparentar su actuación o gestión ante determinados reclamos y necesidades, como también en lo cotidiano.
Una consecuencia de los controles es la posibilidad de exigir responsabilidad al encargado de determinada tarea, actividad o función por las debilidades o incoherencias de su gestión, ya sea directamente por la vía administrativa o mediante la intervención directa de los tribunales de justicia, a partir de lo cual puede producirse la suspensión o destitución del cargo y el mandato de reparación frente a hechos o actuaciones que afectaren los resultados o los derechos de las personas. Pero respecto a los representantes, está la posibilidad de la revocación popular de éstos, ya directamente por los electores en el caso de los Delegados Municipales o por las Asambleas a este nivel respecto a los Diputados, lo cual es expresión de la realización de la soberanía popular y el ejercicio del poder directo por el pueblo.
Queda claro entonces, que si el Delegado –que está en la base- tiene que estar en contacto directo con sus electores, oír sus reclamos y necesidades, encausar su solución o respuesta, ha de rendir cuentas y puede ser revocado ante la mala gestión como expresión del control popular; lo mismo está previsto para los Diputados que representan a los electores de los municipios.
¿Qué ganamos con el control popular? Garantía de cumplimiento de las funciones, tareas y responsabilidades asignadas, de los deberes que como personas, directivos y representantes tienen, como también se contribuye a la realización de los derechos de aquellos que dependen de sus acciones, de la población.
Este control popular es la expresión de la implicación directa del pueblo en el proceso de toma de decisiones, es participación activa y no asistencia o asentimiento formal. Si la participación es real, ello permitirá identificar con inmediatez los males y sugerir propuestas para solucionar los problemas que aquejan a la población en lo cotidiano, adoptar acciones presentes y a futuro para poder disfrutar lo que merecemos, para asegurar lo que nos proponemos.
De ahí que constituya una exigencia que haya un flujo y reflujo de información, de abajo hacia arriba y viceversa, como también en el plano horizontal: es necesario que exista un canal efectivo de comunicación entre los representantes, los directivos y funcionarios a todos los niveles e instituciones con el ámbito en que desarrolla su actuación cada uno y con el pueblo en sentido general.
Que no sea una información que repita o se centre en consignas, sino que explique, aclare, critique, identifique lo que debe rehacerse o continuar, tanto a nivel de país y en los territorios –provincias, municipios, barios-, en los centros de trabajos cualesquiera que sean los espacios y ámbitos en que existan, sobre la labor de las organizaciones sociales, en las comunidades. También que el pueblo tenga los medios y canales para expresar su sentir y que esto llegue rápido a sus representantes –tanto a nivel de municipios como a los Diputados- a fin de que estos cumplan su función, que es representar los intereses, el sentir y la voluntad popular, y por eso también deben ser controlados en su gestión.
El intercambio de información, la toma de medidas consensuadas, con mirada plural, proactiva y también previsora y garante, será una base para la relegitimación de lo que se ha construido; y en relación con los representantes, en particular con los Diputados permitirá cambiar lo que merece ser cambiado.
Consecuentemente, sería muy útil dar publicidad total a las sesiones de los órganos representativos del Estado tanto municipales como las sesiones de la Asamblea Nacional, así como una información detallada y periódica del actuar; que se haga saber qué y cómo han hecho los representantes y todos directivos y funcionarios de los órganos del Estado; esto propiciará también el control popular, el que será una vía para el aseguramiento de la eficacia social de lo previsto, supone la existencia de mayores niveles de inclusión y de legitimidad de la actuación de los que ejercen el poder, con lo cual se incrementa el consenso social.
Así, entonces, se insiste: para que ese vínculo soberanía popular y participación directa ciudadana en la toma de decisiones sea cierto y no se devalúe, se ha de informar a la población, deberá rendírsele cuentas por lo que la transparencia ha de instituirse en una exigencia indispensable, permitiendo el control popular, de lo contrario no habrá democratización de los mecanismos de dirección y toma de decisiones, con la consiguiente afectación de los derechos de todos.
Por ello, pensemos en la interacción: participación-poder-control popular; como medio para preservar el Estado socialista y los beneficios que de él derivan para todos. Que la participación popular permita concertar las acciones para solucionar nuestras dificultades, que sienten las pautas para disminuir o controlar las causas que las generan. Se hace necesario unir fuerzas, porque el desarrollo no se logra con la adopción de políticas aisladas, ni con miradas fragmentadas, sino con el querer de un pueblo que aprecia que sus representantes sienten, actúan y velan por asegurar se realice lo que necesitamos, se instrumente lo que queremos y podemos: avanzar en pos del desarrollo humano, de contribuir al bienestar y a la prosperidad tanto individual como colectiva, para preservar la independencia y los recursos de la nación, para asegurar una existencia digna y que el PUEBLO se sienta parte de todo.
Como dijera José Martí “Debe hacerse en cada momento, lo que en cada momento es necesario….”[1] y por esto es requerido el control popular.
[1] Martí, José. Lectura en la reunión de emigrados cubanos, Steck Hall, NYork, 21-1-1880, OC, T.4, pp. 183, 188-189, 193.
Tomado de Cubadebate
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