Aunque los coches o carretones siguen siendo un alivio para los espirituanos ante el déficit de ómnibus, resulta preocupante la abusiva, irrespetuosa, incontrolable y arbitraria ley de oferta y demanda con precios sin control de este medio de transporte, sin que exista la inspección estatal
Lo que parece ser una epidemia en materia de precios también llegó al trasporte urbano, y no digo los ómnibus locales que cubren escasos horarios del día, sino los coches tirados por caballos.
Lo que debería ser un alivio a la hora de trasladarse de un lugar a otro se ha convertido en un suma y resta para los bolsillos de aquellos espirituanos de a pie, los que cada mañana se desesperan porque “no hay quién pague una motorina cuando no se sabe cuánto te va a cobrar” o “ya hoy el coche vale 10 pesos más que ayer”.
De acuerdo con las autoridades de la Unidad Estatal de Tráfico (UET), actualmente circulan por toda la provincia de Sancti Spíritus con licencia para operar 315 coches, aunque es evidente que la cifra se queda muy, pero muy corta, y se estima que puede duplicarse si se tienen en cuenta los ilegales o quienes en determinado momento renunciaron a la licencia y ahora vuelven a “cochear” al libre albedrío. A ello se une el hecho de que, increíblemente, municipios pequeños como Jatibonico, Cabaiguán y Fomento tienen inscrita casi la misma cantidad de carretones (62, 63 y 62, respectivamente) que la cabecera provincial, que suma solo 64.
Pero no se trata de que haya o no coches para el traslado de pasajeros, lo preocupante tiene que ver con una abusiva, irrespetuosa, incontrolable y arbitraria ley de oferta y demanda con precios sin control cuanto mayor es la necesidad, sin que exista la inspección estatal, aun cuando algunos no están registrados y mucho menos pagan el fisco.
En dependencia de la hora del día y la distancia, los precios son ilimitados: como mínimo 20 pesos por persona si son menos de 2 kilómetros y de ahí en adelante lo que el cochero quiera; de lo contrario, se “planta” hasta que alguien lo alquile por la cuantía que le venga a la cabeza.
¿No existe en la provincia un cuerpo de inspectores que pueda controlar el desenfreno de tales precios? ¿Cómo es posible que un camión que consume combustible cobre de Cabaiguán a Sancti Spíritus 50 pesos y un coche pida 60 de la terminal intermunicipal de la cabecera provincial al hospital Camilo Cienfuegos?
A juicio de Arlides Torres Fábregas, al frente de la UET en la provincia, los mayores problemas se reflejan en el municipio de Sancti Spíritus y a partir de la escasez de combustible hay un resurgir de las indisciplinas, algo que se agrava con el déficit de inspectores, amén de que las multas o sanciones son ineficientes e improcedentes, porque los fiscalizadores tienen las manos atadas ante leyes y regulaciones.
“Esta entidad está hoy en un período de transición hacia la Dirección Provincial de Transporte, de modo que se está trabajando para oficializar esa fuerza que no está en plantilla y el trabajo de inspección en ocasiones lo realizan nuestros técnicos. No obstante, el Grupo Provincial de Trabajo de la actividad de Transporte ha discutido el asunto con los gobiernos municipales que tienen la responsabilidad de establecer las tarifas para todo vehículo con licencia para trasladar pasajeros, algo en que se ha trabajado en algunos de los territorios y en otros, no”.
Según el criterio de Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos que atiende la esfera en el Gobierno Provincial, por acuerdo de ese órgano, los precios de quienes prestan servicio de vehículos automotores y de tracción animal están topados con una tarifa establecida según el lugar y la ruta desde hace mucho tiempo, pero tras dos años de pandemia hubo un resquebrajamiento del orden, unido a toda una transformación del entorno económico.
“No obstante, actualmente se actualizaron las nuevas tarifas a nivel de provincia y están en proceso de aprobación en cada municipio. Para que eso fluya tras topar los nuevos precios debe de haber un proceso de información al transportista y también a la población”.
Los conductores están claros de que si no tienen licencia les imponen una multa de 500 pesos; también saben que no se controla que se cumplan las rutas establecidas ni las tarifas de precios, ni por los inspectores de Transporte ni los de la Dirección Provincial de Inspección y Supervisión, pero también están conscientes de que, a veces, en ese mismo público que se queja de los precios tienen un aliado, porque cuando aparece un fiscalizador de precios y no deja salir el coche, el viajero, que lo que quiere es llegar a su casa o al hospital, paga lo que le pidan y pone mala cara al inspector.
Lo cierto es que corren tiempos de crisis y los coches o carretones siguen siendo un alivio, a pesar de los pro y los contra, de modo que hay que aceptar la convivencia de los mismos con el limitado transporte automotor. Resta a los municipios acabar de topar los precios, que es la tarea más sencilla, lo difícil es que se cumpla y se controle lo que establecen las direcciones de los gobiernos, y eso es responsabilidad, primeramente, de Transporte y sus entidades fiscalizadoras, de los propietarios de los coches que no deben violar ni poner precios arbitrariamente y también de la población, que debe estar informada en materia de precios, ser más exigente y menos pasiva para que el libertinaje no desfonde sus bolsillos.
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