Representantes de fiscalías de 14 naciones de América Latina y el Caribe sostienen este miércoles su segunda jornada de reuniones para acordar acciones frente al tráfico y trata de personas, delitos asociados a la migración irregular.
El foro forma parte de las estrategias desplegadas ante el auge de esos flujos por la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), cuya presidencia protémpore ostenta el istmo.
La cita se extenderá hasta el próximo sábado y dará la posibilidad de identificar objetivos comunes, estructuras y pasos a seguir en la conformación de equipos de investigación para combatir esos flagelos.
De acuerdo con el Procurador General de Panamá, Javier Caraballo, el encuentro tiene un especial significado, dado el incremento de la llegada de migrantes, hasta más de 330 mil en lo que va de año, a su paso por la selva de Darién rumbo a Estados Unidos, cifra inédita y que superó a las 248 mil de 2022 y las 133 mil en 2021.
También enfatizó en la necesidad de enfrentar a las bandas criminales trasnacionales que acosan y abusan de las personas en movilidad humana que llegan desde Suramérica.
El pasado lunes, autoridades de la Organización de Naciones Unidas llamaron aquí a combatir de manera más resuelta el crimen organizado y bandas como el Clan del Golfo que controla la migración irregular.
De acuerdo con el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el istmo, Giuseppe Loprete, esas bandas logran traer incluso viajeros desde Asia que engañados atraviesan y enfrentan numerosos peligros en la peligrosa selva de Darién, fronteriza con Colombia.
A juicio de Loprete esta situación de emergencia que experimenta toda la región exige una cooperación más fuerte y coordinada de todos los actores involucrados, incluidos los pases emisores, de tránsito y de destino.
También mencionó la falta de acceso a información veraz y oportuna durante todo el proceso como una de las principales razones por las que las personas migrantes cruzan la selva del Darién.
En ese sentido instó a los Estados a seguir practicando un enfoque regional, integral y colaborativo, y reiteró el apoyo a las respuestas que aborden las obligaciones internacionales y los objetivos de paz y desarrollo sostenible, en pleno respeto de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. (Fuente:PL)
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