Cuando apenas restan unos días para que concluya la Campaña de Declaración Jurada el pago de tributos en Sancti Spíritus avanza lentamente, pues el 50 por ciento de contribuyentes no han cumplido sus obligaciones
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Para muchos contribuyentes, cada año, la obligación de pagar los tributos constituye un fardo pesado y no pocos remolonean lo indecible para concretar sus obligaciones fiscales. Una palpable evidencia de ello se presenta ahora mismo, cuando apenas restan unos días para que concluya la Campaña de Declaración Jurada en lo tocante a los ingresos personales.
Según la valoración ofrecida por especialistas de la Oficina de la Administración Tributaria en Sancti Spíritus, este proceso —que involucra a los Trabajadores por Cuenta Propia, los artistas, comunicadores sociales y otras personas naturales— avanza lentamente aquí, pues no han cumplido sus obligaciones ni el 50 por ciento de los contribuyentes potenciales de ese segmento.
Los municipios de Yaguajay, Taguasco y Sancti Spíritus aparecen como los más atrasados y, en general en la provincia, de cerca de 17 700 personas a presentarse solo han declarado unas 8 000, cuando el plazo vence el ya nada lejano 30 de abril, fecha a partir de la cual los incumplidores podrían ser multados por morosidad.
Entre tanto, en el sector agropecuario, cuyos términos igualmente se extienden hasta fines del cuarto mes del año, solo algo más del 45 por ciento de los más de 12 600 contribuyentes potenciales han declarado.
La Campaña de Declaración Jurada, donde se concentra buena parte de las responsabilidades tributarias en el país, inició en enero y al cierre de marzo ya concluyó en lo tocante al impuesto sobre utilidades, que implica a las personas jurídicas, es decir, a las empresas estatales y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Los pagos anuales totales de este sector representan los mayores montos para las arcas estatales: por ejemplo, el pasado año aquí se recaudaron 4 672 millones de pesos en total y más del 83 por ciento corrió a su cuenta.
Afortunadamente, las personas jurídicas suelen respetar más estos compromisos y la inmensa mayoría de los 792 contribuyentes de este segmento saldó sus pagos en tiempo. Mantuvieron igual disposición todos los socios de las mipymes, quienes ya liquidaron el impuesto sobre los dividendos obtenidos.
También se encuentra en Campaña el transporte terrestre, más popularmente conocido como pago de la chapa, que aún se está a tiempo de cumplir con esta responsabilidad, pues su plazo se extiende hasta el 30 de septiembre.
Por otra parte, llama la atención que muchos tributantes desaprovecharon la oportunidad de la bonificación del 5 por ciento ya que apenas un puñado liquidó sus cuentas antes del 28 de febrero, fecha límite para ese estímulo fiscal.
Y ese hecho resulta contraproducente, no solo por el ahorro que esta posibilidad implica para los contribuyentes, sino porque durante los últimos tiempos se ha ampliado el alcance de la transformación digital a los principales procesos fiscales, con la posibilidad de emplear para el pago los canales electrónicos —que permiten obtener otro descuento—, el uso de las firmas digitales —ya obligatorias para todas las personas jurídicas— y diversas opciones para mantenerse informado e interactuar, como el correo Consultas y un Portal Tributario.
Una arista no menos interesante resultan las penalizaciones: durante el 2023 los controles fiscales incluyeron aquí más de 400 acciones de esta naturaleza, las cuales confirmaron que todos los contribuyentes inspeccionados resultaron subdeclarantes y se determinaron más de 30 millones de pesos por ese concepto.
En el 2024 estas pesquisas ya sobrepasan las 90, con idéntica tendencia, es decir que todos se han quedado por debajo a la hora de saldar sus obligaciones tributarias y suman más de 8.5 millones de pesos dejados de entregar al presupuesto del Estado.
Ante las conductas evasivas, la ONAT determina el monto de la deuda y si el violador del fisco la asume cierran el proceso, pero de lo contrario los deudores deberán concurrir a los Tribunales; ahora se investigan casi una decena de casos y una cifra incluso superior pudieran sumarse a estos procesos legales por impagos.
En tanto, otras más de 200 personas se mantienen con regulaciones migratorias por no asumir sus deudas con el presupuesto; y en algunos casos se ha propuesto el cierre de establecimientos por indisciplinas tributarias.
El dinero procedente del pago de los tributos resulta la principal fuente de ingresos para las arcas del Estado, con el propósito de garantizar el desarrollo de programas sociales y obras vitales para el país, a la vez que coadyuva a disminuir el déficit fiscal y a mejorar los equilibrios macroeconómicos.
En otras palabras, el dinero recaudado se destinará al beneficio público, principalmente para asegurar programas asociados a Salud Pública, Educación, Asistencia y Seguridad Social, Cultura, Ciencia y Deporte; sin dejar de mencionar prioridades específicas como la atención a la niñez y la juventud, la dinámica demográfica, situaciones de vulnerabilidad y la protección a las madres de hijos con discapacidad severa, entre otras.
No en balde el país insiste en la urgencia de minimizar las brechas de elusión y las conductas evasoras porque el pago de los impuestos constituye una obligación y una responsabilidad individual de los contribuyentes, pero también resulta una forma de expresar sus valores y un sincero compromiso social.
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