La Habana, 12 feb. La rendición de cuentas del Gobierno Provincial de Sancti Spíritus ante el órgano supremo del poder del Estado, y el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, formaron parte de la agenda de trabajo de los directivos de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), quienes intercambiaron esta semana diputados miembros de todo el país.
A través de una videoconferencia, se destacó la importancia de perfeccionar los mecanismos de comunicación a distancia, que permiten a los diputados continuar cumpliendo con sus actividades y, al mismo tiempo, respetar las medidas de distanciamiento social ante el complejo escenario epidemiológico en el país.
Acerca del ejercicio de fiscalización, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Félix Martínez Suárez, precisó las actividades programadas para febrero, entre las que se incluyen las visitas a empresas del Micons. Se evalúa en esos sitios el cumplimiento de los ingresos al Presupuesto del Estado, el Plan de la Economía, los resultados financieros, y las ventas y utilidades de las empresas, entre otros aspectos.
También se toma en cuenta, para dotar de integralidad el abordaje, la información brindada por los órganos globales de la economía, lo cual permitirá evaluar con un enfoque integral la gestión del organismo.
Durante el encuentro virtual, igualmente se trató lo relacionado con la comprobación a la ejecución del Presupuesto del Estado, y se anunció la existencia de una encuesta creada de conjunto con la Asociación Nacional de Economistas de Cuba para apoyar la implementación de la Tarea Ordenamiento.
La aplicación ya en 3 985 entidades de la nación, ha permitido diagnosticar las condiciones de los territorios y trasladar a las autoridades las principales dificultades en temas como la respuesta de los equipos contables para implementar el ordenamiento, y la actualización de los sistemas.
Pinar del Río y Holguín estuvieron entre los territorios con mayor número de incidencias reportadas. A nivel nacional, el 85 % de las entidades contaban con el aseguramiento financiero necesario para asumir el desafío, mientras que el 10 % presentó problemas en la aplicación de la reforma salarial, en mayor medida por la falta de personal calificado para la gestión de los recursos humanos.
Otros indicadores evaluados fueron la aplicación de la política tributaria, la elaboración de las fichas de costo y la actualización de los expedientes de precios
(Granma)