Londres, 28 nov. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) autorizó la búsqueda y captura de los exministros del gobierno golpista boliviano Arturo Murillo y Fernando López, quienes huyeron pese a la orden de aprehensión.
El director de Interpol-Bolivia, Pablo García, confirmó que “La solicitud boliviana fue aceptada por Interpol, por tanto, se activó el sello azul para las exautoridades”, indicó García durante una rueda de prensa, para luego agregar que todos los trámites se han cumplido para encontrar a los exministros y los 194 países signatarios procederán con la investigación para establecer la ubicación exacta de ellos.
De acuerdo con la Policía de Bolivia, Murillo, quien es acusado de la compra con posible sobreprecio de material antidisturbios para las Fuerzas Armadas y la Policía, salió el 5 de noviembre del país hacia Panamá y Brasil y por ahora estaría en Estados Unidos.
La fuente agregó que una vez los exministros prófugos sean encontrados, la autoridad jurisdiccional deberá requerir la activación del sello rojo para poder capturarlos.
Murillo, un elemento clave en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 contra el exmandatario del país Evo Morales había anunciado la “cacería” contra dirigentes políticos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, tras la asunción del candidato del MAS, Luis Arce, como presidente del país, las autoridades, él incluido, han prometido investigar los crímenes cometidos durante el año que la expresidenta de facto Jeanine Áñez estuvo en el poder.
La propia Áñez, que cuenta con el apoyo incondicional del Gobierno de EE.UU., enfrenta unas 24 demandas por corrupción, entre las cuales resaltan casos como la compra irregular de respiradores y gases lacrimógenos para reprimir las manifestaciones en su contra.
La Justicia de Bolivia decretó también prisión domiciliaria bajo custodia policial para el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuéllar, acusado de la represión y muerte de al menos 11 manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar en Sacaba, en noviembre de 2019, contra el golpe de Estado que desalojó a Evo Morales de la Presidencia del país.
Cuéllar fue detenido el martes después de declarar ante la Fiscalía de Sacaba, en Cochabamba. Durante su exposición sostuvo que durante los días de las protestas él solo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto hombre en la cadena de mando.
La limitación del tribunal también le impone la prohibición de comunicarse con otros testigos e implicados en el caso, la obligación de acudir dos veces por semana a firmar a la sede de la Fiscalía de Sacaba y el pago de una fianza de 250 000 bolivianos (algo más de 36 000 dólares).
Los sucesos juzgados tuvieron lugar durante la intervención policial-militar contra una marcha de cocaleros que intentaban llegar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, tras su renuncia forzada por los militares y parte de la oposición. Al menos ocho de las víctimas mortales perecieron por impactos de bala recibidos por parte de la fuerza pública.
Fuente: Hispantv y Rusia Today
