Evo Morales pidió en las últimas horas a los manifestantes que acepten el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales.
A las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de campesinos, entre otros, se unieron además los mineros. También durante las últimas horas, una concentración de profesores del área rural bloqueó la principal carretera entre La Paz y la ciudad de El Alto. Ese grupo reclamó además la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Áñez, declaró el profesor y representante sindical de este colectivo Miguel Daza.
En las últimas semanas las protestas, bloqueos de carreteras incluidos, se han sucedido por la geografía boliviana y el Gobierno ha intentado entablar un de “diálogo nacional” que se le resiste.
La COB dio por roto el diálogo con el TSE y descartó cualquier contacto con el Gobierno después de que el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, dijera el domingo de madrugada, tras horas de reunión, que el 18 de octubre sería la fecha “definitiva”.
El Parlamento boliviano aprobó en esta jornada una ley que establece que el 18 de octubre sea la fecha tope de los comicios. En tal sentido, el ex presidente boliviano Evo Morales pidió en las últimas horas a los manifestantes que acepten el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales que estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero se aplazaron por la pandemia del nuevo coronavirus. Luego, el Congreso -controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales- las fijó para el 6 de septiembre, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las pospuso ahora para el 18 de octubre.
Problemas de fondo
A los reclamos de las protestas se une el pedido de varios sectores de renuncia de la interina Áñez.
También la Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz, rival político del MAS pero también crítico con Añez, ha exigido la dimisión de Romero como presidente del TSE y ha dado un plazo al gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas, de acuerdo con el diario boliviano La Razón.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha llegado a decir en las últimas horas, en una entrevista concedida a la cadena televisiva CNN, que están intentando evitar una “guerra civil”. “No es solamente salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento”, ha dicho de manera fría y absoluta.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y Naciones Unidas han emitido un comunicado conjunto en el que piden a los implicados en esta crisis “respuestas efectivas a favor de la vida y la defensa de los Derechos Humanos”.
Minutos después de la promulgación de la ley, los líderes de la COB y el Pacto de Unidad, anunciaron en rueda de prensa que “continuarán los bloqueos” dado que las autoridades “no atendieron su propuesta”. Bolivia, se torna ingobernable, y la situación allí puede empeorar de cara a los comicios de octubre.
