Bogotá, 6 ene (Prensa Latina) La Comisión de la Verdad en Colombia instó hoy al gobierno a adoptar medidas para garantizar la vida de los líderes sociales y de las comunidades en peligro en el departamento del Chocó por grupos armados ilegales.
En un comunicado, rechazó, ‘rotundamente, las recientes amenazas a los líderes sociales del Chocó, quienes se encuentran en grave situación de indefensión’.
En días anteriores recibimos un informe sobre los horrores del conflicto armado en ese territorio por parte de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, cuyo secretario técnico, Leyner Palacios, es uno de los amenazados, precisó.
Palacio es, además, una de las 60 víctimas del conflicto armado que estuvieron en La Habana durante la negociación entre el gobierno y la exguerrilla FARC-EP y participa de los Encuentros para la Confianza que se realizan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, detalló.
La Comisión instó a ‘las autoridades locales y regionales y al Gobierno Nacional a tomar las medidas urgentes y necesarias para esclarecer la verdad y garantizar la vida de Leyner, de todos los líderes y lideresas y de las comunidades hoy en peligro’.
A los grupos armados, exigió respecto y el cese de las agresiones.
Por su parte, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico de Colombia llamó al presidente Iván Duque a que se comprometa de manera efectiva con la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
‘Reclamamos, como se ha estado haciendo de forma reiterada (?), que se comprometa de manera efectiva con la implementación del Acuerdo de Paz, el cual contempla medidas y compromisos por parte del Estado colombiano para erradicar los grupos paramilitares’, expresó.
La Comisión Interétnica se pronunció así tras denunciar la toma paramilitar a la comunidad de Pogue-Bojayá (Chocó), por cerca de 300 efectivos del denominado ‘Clan del Golfo’ (considerada una de las mayores bandas del crimen organizado en este país) o Autodefensas Gaitanistas.
Esa entidad, integrada por organizaciones étnico-territoriales del Pacífico y acompañada por la Iglesia Católica de la región, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que eleve las medidas de seguridad a Palacios.
De igual manera exigió a la Fiscalía General de la Nación que investigue el escenario de conflicto armado que está poniendo en riesgo a las comunidades del municipio de Bojayá y específicamente la amenaza contra el mencionado líder social.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación pidió al gobierno medidas urgentes que eliminen la situación de confinamiento en el municipio de Bojayá, a causa del accionar de grupos armados ilegales.
En Bojayá se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de confinamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas, precisó.
Habló además de a necesidad de que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos del entorno descrito.
Entretanto, el gobierno informó que habrá presencia permanente del Ejército en ese territorio.