La fiscal los considera presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, por la muerte de 10 civiles en las protestas de la semana pasada
La fiscal peruana Karen Orbegón, abrió una investigación a los jefes del Ejército y la Policía de la región surandina de Ayacucho como presuntos autores mediatos de 10 muertes en ese territorio, informaron fuentes judiciales.
Obregón, a cargo de la Segunda Fiscalía Penal de Ayacucho Especializada en Derechos Humanos, abrió las pesquisas al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general de Policía Ántero Mejía, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de la misma región, general Jesús Vera.
La fiscal los considera presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, por la muerte de 10 civiles en las protestas de la semana pasada en el que se registró la mayoría de las 26 muertes acreditadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La investigación preliminar se prolongará por 60 días y la fiscal identificó a las víctimas como Josué Sañudo, Clemer Rojas, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza, José Aguilar, Raúl García, Edgar Prado, Jhonathan Alarcón, Ronaldo Barra y el menor C.M.R.A, todos abatidos por armas de las tropas.
La fiscal, indicaron fuentes del Ministerio Público, ha reunido grabaciones de video y fotografías con imágenes de militares usando fusiles de largo alcance contra los manifestantes.
“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en la pista de aterrizaje del aeropuerto” de Huamanga y sus alrededores, dice el documento de la Fiscalía que abre las pesquisas.
Las imágenes muestran que las protestas “han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, añade el texto, motivado por una denuncia presentada por los abogados Abimael Méndez, Yuri Martínez, Víctor Porras, Mario Escriba y Jack J. Diburga.
El Gobierno y los mandos militares sostienen que las tropas usaron sus armas defensivamente frente a elementos supuestamente terroristas que ocuparon el aeropuerto de Huamanga y causaron destrozos en la terminal.
La fiscal recibió además denuncias que señalan también como responsables a la presidenta Dina Boluarte; el hasta ahora primer ministro, Pedro Angulo; el ex ministro de Defensa, Alberto Otárola, devenido primer ministro, y el exministro del Interior, César Cervantes.
Obregón derivó las denuncias a los gobernantes al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda de acuerdo a ley, pues por el alto rango de las citadas autoridades, solo ella puede hacerse cargo. (Fuente:PL)
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