El Parlamento peruano intentará este lunes nuevamente un acuerdo para convocar elecciones generales adelantadas, uno de los principales reclamos de las protestas en las cuales han muerto hasta el momento 25 civiles.
La presidenta Dina Boluarte dijo que confía en que el Legislativo logre un acuerdo que según opinión generalizada ayudaría a distender la grave situación, aunque fracasó el viernes último cuando un proyecto para el adelanto no logró la mayoría necesaria en el parlamento.
Las diferencias están en qué tan pronto deben realizarse los comicios y en qué condiciones y las bancadas de derecha extrema y sus aliados de centro se plantean plazos más largos y reformas que corresponden a sus posiciones.
La izquierda considera que los plazos planteados eran muy largos frente a la urgencia exigida por la agudización de la crisis y las protestas y exige que los comicios incluyan un referendo en el que la población decida si quiere o no una asamblea constituyente.
Legisladores de izquierda y centro proponen como salida alternativa una fórmula aplicada en 2000, tras le fuga del hasta entones gobernante, Alberto Fujimori.
Entonces, dimitieron los vicepresidentes y se eligió por consenso a Valentín Paniagua como titular del Parlamento con derecho a la sucesión presidencial para iniciar una transición hacia las elecciones de 2001.
En esta oportunidad, la propuesta en ciernes prevé la dimisión de Boluarte y la renuncia del titular del Congreso, José Williams, y la elección de congresista confiable.
Boluarte ratificó su negativa a dejar la presidencia, invocando la legalidad de su ascenso al cargo desde la vicepresidencia en reemplazo de Pedro Castillo, encarcelado por intentar disolver el Parlamento.
También dijo que el reclamo de renuncia tiene que ver con su condición de mujer y con una venganza política y anunció que cambiará a su primer ministro, Pedro Angulo, quien juró el cargo hace apenas nueve días, y cambiará a otros titulares.
La semana pasada, la presidenta perdió a sus ministros de Educación y Cultura, que dimitieron por estar en desacuerdo con las muertes registradas durante las protestas.
Entretanto, crecen las críticas de quienes la acusan de militarizar el país y hasta de establecer un régimen dictatorial cívico-militar, lo cual niega, al defender a los uniformados frente a denuncias de abusos contra los derechos humanos. La lista de 25 muertes difundida por el Ministerio de Salud consignó como causa impactos de proyectiles de armas de fuego o simplemente “por confirmar” y en un caso un problema de pancreatitis.
Como parte de los cambios en el Gobierno Boluarte designó ayer como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a Juan Carlos Liendo, un general retirado que, según el periodista Eloy Marchán, era hasta la designación comentarista frecuente de la televisora Willax, de extrema derecha. (Fuente/PL)
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