Tomado de Escambray
Aunque siguen vigentes las regulaciones, muchos costos de mercancías y servicios se han disparado sin permiso.
Porque, aunque cuando usted se para delante de un mostrador no lo parezca, en la provincia sigue rigiendo la Resolución No. 64; la misma que desde agosto del 2019 —emitida por la presidenta del entonces Consejo de la Administración Provincial— puso tope a varios renglones y productos del sector no estatal.
Es un inventario ocioso para muchos; para otros —al menos para los 40 inspectores estatales que están trabajando hoy en la provincia de los 140 que existen en plantilla— es una especie de Sagrada Escritura.
Con tal legislación en una mano y en la otra, el Decreto-Ley No. 227 que regula lo concerniente a las violaciones de precios y las afectaciones a los consumidores, la DIS ha impuesto —desde el 26 de marzo pasado hasta el 11 de junio— 1 293 multas, lo cual ha importado 178 190 pesos.
De las transgresiones de precios no han escapado ni las instalaciones estatales ni los trabajadores por cuenta propia. Fuentes de la DIS revelaron a Escambray que por esta causa han sido multadas entidades de Comercio, Gastronomía, Tiendas Recaudadoras de Divisas, Mercados Agropecuarios Estatales, cuentapropistas y la Agricultura Urbana —esta última la de mayor incidencia—.
A la par se han solicitado también —como sucedió en mayo cuando se pidió la aplicación de más de 300 medidas— separaciones definitivas o por seis meses o por un año, descuentos salariales, cancelaciones de licencias…
Ni más ni menos de lo que ha exigido en todos los escenarios y en todos los análisis Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, como mismo lo recalcaba el pasado 29 de abril: “Aquí nadie puede estar haciendo actividad ilícita, aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada, y no se puede permitir”.
Y ahora más que siempre, tal vez, se ha intentado atenuar los focos de este crónico virus de sobreprecios. Pero rebrota; de lo contrario, un plátano no se cotizara a 3 pesos ni un pelado costara 20 pesos. Lo ilustraba días atrás una amiga en un mensaje a mi WhatsApp: “Las carretillas —escribía— son como la carroza de Cenicienta: todo fantasía. La realidad es otra”.
Esta es una crisis en reposición. Cada vez que infectan las escaseces abundan las ilegalidades. Ahora que, por un lado, nadie pone un pie fuera, quienes tienen la mercancía quieren cobrar por todo: por el precio al que tuvieron que pagarla, por el tiempo que no han podido trabajar, por los meses que llevan los productos en los estantes… hasta por el esfuerzo de tener que colgarlas otra vez en los percheros.
Del otro lado, se tuerce la misma cadena de siempre: el campesino que no va a vender, por ejemplo, la malanga a 3 pesos; el intermediario que le pone el gravamen hasta de la “lucha” y el vendedor ambulante que no va a invertir para perder.
En todos los sentidos, quien único jamás tiene ganancias es el cliente. Lo de los precios actuales puede ser especulación financiera o inflación o furia pasajera; lo que sí no puede permitirse es que se conviertan en una endemia.
Lamentablemente se ha padecido: una vez que suben, al menos los precios, casi nunca bajan. Insostenible que sigan así, gravitando, al parecer, en otra galaxia.