El Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito del Ministerio del Interior en la provincia de Sancti Spíritus busca alternativas para mantener las vías señalizadas y evitar accidentes de tránsito
El 2023 fue un año de retos para mantener parámetros adecuados de señalización en la provincia y, a pesar de la escasez de recursos, el Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito del Ministerio del Interior en Sancti Spíritus instaló unas 1 700 señales de tránsito, de ellas 130 informativas y de orientación, además de dar mantenimiento a otras 7 000 señales instaladas.
De acuerdo con Julio Aguilar Pérez, jefe del referido Centro, esto hace que el territorio figure entre los mejores señalizados del país. “Mantuvimos durante todo el año un adecuado nivel de señalización en las principales vías de la provincia. Por ejemplo, el tramo que nos corresponde de la Autopista Nacional cuenta con todas las señales que lleva por proyecto y el resto de las carreteras principales, sobre todo la Carretera Central, también tienen adecuados parámetros de señalización, que garantizan la seguridad vial”, puntualizó.
Aguilar Pérez señaló que, en la etapa final de 2023, con motivo del aniversario de la fundación de la villa de Trinidad y la inauguración de hoteles en ese municipio, se trabajó en el mejoramiento de la señalización en ese polo turístico, incluida la península de Ancón.
En el 2024 —dijo— la aspiración es instalar unas 1 500 señales nuevas, y brindarles mantenimiento a unas 8 000 señales verticales, pese a que continúan las dificultades con los laminados que son de importación y la disponibilidad muy reducida de materiales para fundir los postes o pedestales donde se instalan las señales.
“Por estas razones lo que hacemos es priorizar la reposición de las señales deterioradas por efectos de las inclemencias del tiempo o por su largo uso, por lo que ya no transmiten el mensaje que se quiere destacar, así como las que resultan sustraídas de las carreteras como parte de hechos vandálicos, que tipifican como delitos de hurto y daños a la propiedad estatal”.
Un elemento para destacar, manifestó Aguilar Pérez, es el hecho de que más del 90 por ciento de las señales que se instalan son recuperadas, lo que permite ahorrarle al país las divisas que habría que erogar para adquirir los laminados, fundamentalmente.
El Centro Provincial de Ingeniería de Tránsito se propone igualmente para 2024 la continuación de los estudios de vialidad, en 2023 se hicieron 96, en coordinación con el Centro Provincial de Vialidad y las Comisiones Municipales de Seguridad Vial, que básicamente estuvieron dirigidos a identificar y señalizar los tramos peligrosos de los carreteras, sobre todo los que tienen perfiles irregulares (badenes), paseos deteriorados, deficiencias en los aproches de los puentes; es decir, una serie de factores que pueden incidir en la accidentalidad.
En el actual año está presente la marcada incidencia del incremento de vehículos en las vías, sobre todo en los perímetros urbanos, muchos de ellos de lento movimiento como los de locomoción eléctrica y una amplia gama de triciclos, sobre todo los ensamblados por partes y piezas, que se han legalizado durante 2023, así como los vehículos de tracción animal que se dedican básicamente a la transportación de pasajeros, lo que introduce complejidades en las calles de las ciudades y requiere de ciertas regulaciones que deben emitirse y señalizarse.
Aunque más del 90 por ciento de los accidentes de tránsito que ocurren en la provincia y el país están dados por causas inherentes al factor humano, Julio Aguilar Pérez sostiene que los estudios de vialidad son necesarios para adecuar las regulaciones de velocidad a las condiciones actuales de las vías y contribuir a lograr un mayor grado de disciplina en los conductores y demás usuarios de las vías, entre ellos los peatones.
Esto permite establecer —concluye— ciclocarriles exclusivos para bicicletas, o vías con rutas exclusivas para determinados tipos de vehículos, medidas que contribuyen a la fluidez vehicular y la seguridad del tránsito. También proyectamos la realización de auditorías viales, en las que se determinan las funciones específicas que le corresponden a todos los factores sociales que intervienen en el uso de las vías.
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