Por: Arturo Manuel Arias Sánchez
No se trata de la sanción penal principal de privación temporal de libertad impuesta por un tribunal a un sujeto por la comisión de un delito de suma peligrosidad social, sino la rememoración del vagido primigenio de la carrera de Derecho en la provincia espirituana, en este enero de 2021, efeméride que nadie recuerda de entre los que participaron, de un modo u otro, en su advenimiento al terruño, salvo el que escribe estos párrafos.
Surgida en 1991 como Unidad Docente, a manera de solapo de la Universidad Central de Las Villas, bajo el retumbar de la caída del muro de Berlín, el colapso del socialismo europeo oriental y el barrunte en lontananza del llamado “periodo especial” en el país, así vino al mundo universitario espirituano, sin casa natal propia, recogida como huérfana en un hospicio de expósitos (el inmueble del Bufete Colectivo municipal, sito en calle Martí) hasta que meses más tarde fue adoptada por la entonces Filial Universitaria (hoy, Docente Número 1) de aquel centro de altos estudios villaclareño pero mirada con cierta reticencia, cual injerto incompatible con su patrón.
El bisoño claustro inicial, integrado por juristas en ejercicio de la más variada casta profesional, diestros en estrados, pero legos en docencia, sin apenas cobrar salario o alguno que otro misérrimo, la ayudó a enrumbarse en el campus provincial, tutelando a los alumnos de los años curriculares traspolados (cuarto y quinto), los cuales, aún bajo la égida de la Marta Abréu, devinieron, formalmente, como los primeros juristas graduados en la patria chica durante los años de 1991 y 1992.
Pero a pesar de todo, el soplo académico comenzó a favorecer, pocos años después, el derrotero de sus estudiantes cuando, comprobado por las autoridades competentes la viable formación profesional con que forjaba a sus alumnos, sus matrículas se engrosaron, primero con tercer año (amén de los cuarto y quinto usuales) y luego, con el primero de la carrera (y tras este, todos los demás), jalón que marcó, definitivamente, su mayoría de edad en el ámbito universitario espirituano, empinándose reverdecida, curso académico tras curso académico, desde hace más de quince años.
Desde entonces, retoñó en casi todos los municipios del territorio, bajo el hálito de la universalización de la educación superior, mediante sus cursos por encuentros y a distancia asistida, con aciertos e insuficiencias ostensibles, cuya racionalidad permitió, luego, detener los excesos imprudentes que menoscababan sus esfuerzos, sin extinguir su esencia existencial.
Hoy, asentada por derecho propio, en el Docente Número 2, de la Universidad de Sancti-Spíritus, entroncada en la Facultad de Humanidades, y entrelazada armónicamente con operadores territoriales del Derecho, es la única de sus carreras que cuenta con todos los años curriculares del curso diurno y por encuentros, con saludable matrícula, garantizadora de su porvenir académico, cuyos graduados ya suman cientos, muchos aportando conocimientos y habilidades profesionales en entidades locales; su claustro de plantilla, jóvenes en su mayoría, secundado por algunos veteranos adjuntos, enfrenta decorosamente las faenas docentes y, si bien es cierto que algunos de aquellos ostentan categorías docentes y grados científicos plausibles, todavía distan en clasificar como claustro de primerísimo nivel científico, meta solo alcanzable en el mediano y largo plazos con el tesón de sus miembros, que así se empeñan.
¡Treinta años! Me parece mentira, lapso digno de recordación y de absolución de su injusta condena en celda del olvido, máxime cuando se escucha por doquier el llamado al rescate de la memoria histórica nacional: esta es un pedazo sustancial de la Universidad que lleva el nombre del Apóstol de la independencia patria.
Y digo más, ¿por qué los que egresen en este año natural de sus aulas como juristas espirituanos no pudieran titularse como Graduación XXX Aniversario de la carrera de Derecho en Sancti-Spíritus?
Por mi parte, sigo en la marcha. ¿Hasta cuándo? No lo sé.