La más reciente batalla del feminismo en Cuba confirmó que, por suerte, la violencia de género en la Isla dejó de ser un secreto a voces, para convertirse en un reto reconocido desde la institucionalidad. Por supuesto, queda mucho por hacer; también en la articulación de sistemas de consejería a mujeres en esa situación.
Fernando Bécquer, declarado culpable en octubre por violencia sexual contra varias muchachas, fue detenido la última semana. Dos letras de canciones machistas y misóginas divulgadas en su perfil de Facebook levantaron un fuerte debate, que culminó con la revocación de su sanción alternativa de limitación de libertad.
Personas de múltiples espacios reclamaron una respuesta contundente al suceso desde la justicia. De hecho, la Federación de Mujeres Cubanas fue una de las primeras voces en repudiar las publicaciones “por considerarlas irrespetuosas, altamente violentas contra las mujeres cubanas”.
En cierto modo, la respuesta colectiva ante el suceso mostró los resultados de colocar estos temas en las agendas públicas y avanzar en el diseño de políticas como la Estrategia Integral de Prevención y atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familias; pero también reflejó los flecos pendientes en la respuesta integral ante este tipo de hechos y los muchísimos prejuicios que sobreviven en el país.
Algunas preguntas necesarias, ahora que ya pasó la etapa más mediática del asunto, podrían ser por qué, entre tantas mujeres que confesaron ser víctimas, solo seis concretaron la denuncia ante los tribunales; por qué pasó tanto tiempo para que hablaran -pero no para juzgarlas a ellas, sino para cuestionarnos qué les faltó; por qué muchas otras, en situaciones similares, maltratadas por otros agresores, permanecen en silencio.
No es casual que la Estrategia antes citada plantee entre sus objetivos específicos la necesidad de desarrollar servicios nacionales y comunitarios de atención integral e integrada a víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, que garanticen su no revictimización.
Construir más espacios seguros, articulados entre sí, donde las mujeres encuentren respuestas, apoyos y acompañamiento para lidiar con los maltratos machistas y sus secuelas es, sin duda, un desafío. Afortunadamente, no son pocos los expertos e instituciones que ya trabajan en ello.
Servicios de consejería, algunos puntos claves
Según Ivón Ernand, psiquiatra y especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), las consejerías son el primer escalón en la atención a mujeres en situación de violencia. Es una estrategia efectiva, corta, que permite desarrollar varias acciones para ayudar a las víctimas. No son algo nuevo, están descritas desde hace más de 60 años. Empezaron en los ámbitos de la educación y el empleo, pero se extendieron a los espacios de salud donde dan muy buenos resultados.
En general, no deben tener más de doce sesiones de alrededor de 45 minutos, aunque la estructura puede variar en función de los problemas específicos de cada mujer. “Los objetivos hay que consensuarlos con ellas. No es lo que tú piensas y quieres desde afuera; es lo que la mujer quiere y puede hacer”, explica.
Al fin y al cabo, el consejero es un acompañante a las capacidades de la mujer, encargado de darle información y herramientas para salir de la situación de violencia; por lo que resulta fundamental la sensibilización con temas de géneros y la capacitación para que todas las acciones tributen al bienestar de la persona, resume la experta.
Además, resulta vital la articulación entre especialistas de diversos campos. La Consejería de OAR, por ejemplo, cuenta con una psiquiatra, una jurista y una psicóloga. “Es imprescindible contar con un personal del ámbito jurídico, porque la mayoría de estas mujeres necesitan información sobre sus derechos y alternativas legales”, agrega.
Al respecto, la jurista Ivón Calaña, subdirectora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), comenta que primero se debe identificar cuáles son las vulneraciones de derecho y luego, su correspondencia con las pretensiones de las personas que acuden al servicio.
“A veces, pensamos que la única respuesta es la denuncia penal, pero quizás la persona no tiene esa intención. La mujer necesita resolver y a lo mejor, es un tema de vivienda al que se le puede dar curso por la vía administrativa”, ejemplifica.
Desde su perspectiva, el jurista perteneciente al servicio de consejería no necesariamente será el representante legal de la víctima, pero sí la acompañará, facilitará determinadas articulaciones con otras instituciones y ofrecerá sugerencias de estrategias.
Cuba, de la teoría a la práctica
Para Ernand, los servicios de atención a mujeres en situación de violencia en Cuba han estado dispersos. Años atrás, se empezó a pensar en la alternativa de las consejerías -en las que Cuba ya tenía experiencia para pacientes con infecciones de transmisión sexual- y comenzaron a abrirse espacios similares, pero aún son pocas.
En su opinión, los principales desafíos para articular este tipo de servicios en la Isla son protocolizarlos y dispersarlos por todos los territorios. Además, la atención debe ser integral y hay que evitar por todos los medios la revictimización de la mujer.
“En muchas ocasiones, el consejero la ve y con buenas intenciones la remite a la policía, a la fiscalía o a un abogado, que no siempre están capacitados. Por tanto, el proceso requiere de integralidad”, añade.
Sobre el tema, Ada Alfonso, especialista e investigadora del Cenesex, señala que existen condiciones para desarrollar las consejerías en el país, pero las personas que las brinden deben formarse para ofrecerlas con calidad y se deben articular conocimientos provenientes de distintas especialidades.
“Si bien existe una voluntad política para enfrentar problemas sociales y de salud como la violencia de género, no siempre la intersectorialidad ha funcionado como debe funcionar: como una herramienta que vincule a distintos actores sociales de diversas instituciones para desarrollar las acciones que se requieren”, comenta.
Las consejerías no solo requieren del apoyo psicológico a la víctima, sino también del trabajo social, la intervención jurídica y el papel de las fuerzas del orden. Por tanto, es necesario que todos los actores sociales que puedan participar en esta atención integral tengan una conciencia de género, apunta.
En sintonía con este criterio, Ivon Calaña alerta que no existe una preparación dirigida a los juristas para estos temas. Quienes se gradúan de la carrera de Derecho no vienen con una formación que incluya estas herramientas, insumos y conocimientos, a pesar de que hay algunas asignaturas opcionales para ello.
“Un jurista que participe en este tipo de consejerías tiene que tener una formación más integral, además de sensibilidad sobre estos temas. Exije una preparación aún mayor y que en algún momento forme parte de algún voluntariado, en espacios como la FMC o el Sistema Nacional de Salud”.
Para Beatriz Torres, presidenta de la Sociedad Cubana de Estudios Multidisciplinarios de la Sexualidad, un desafío adicional es que no existe una herramienta teórica o metodológica para realizar de manera homogénea y adecuada los servicios de consejería.
Hay diferentes entradas -las consejerías pastorales, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia-, pero no todos cuentan con los profesionales para ofrecer correctamente este apoyo: “hay que identificar qué lugares, centros, instituciones estatales o de la sociedad civil pudieran contar con los especialistas adecuados”, comenta
Alerta, además, que antes muchas opciones funcionaban a través del voluntariado, pero la situación económica ha cambiado y aunque esta vía sigue existiendo, no puede garantizar una atención sistemática. Por tanto, hay que buscar soluciones institucionales como Bufetes Colectivos donde exista personal especializado para estos casos.
Aportes de un taller
Con la mirada puesta en estos retos, desde el Centro OAR se elaboró una primera versión de una guía aplicable a todos los servicios de consejerías que se desarrollen en el país para mujeres en situación de violencia de género.
“Después de revisar bibliografía, escribimos un protocolo elemental sobre su funcionamiento, qué hacer y qué no hacer y sus diferencias respecto a otras estrategias de salud como la psicoterapia”, relata Ernand.
Luego, a finales de 2022, se desarrolló un taller con especialistas de distintas instituciones y campos como el derecho, la psicología, la psiquiatría y la comunicación, con experiencia en este tipo de servicios, para perfeccionar de forma colectiva el texto.
Según Iyamira Hernández, socióloga de la Universidad de La Habana, “el taller fue muy importante porque se logró concretar un documento que equipara la metodología a implementar de manera coherente en todos los territorios”.
Como parte de los debates, se concibió el funcionamiento de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia como espacios primarios de auxilios, que realicen derivaciones hacia el resto de las consejerías donde existan equipos multidisciplinarios, apunta. Por tanto, la guía -que se encuentra en proceso de perfeccionamiento y escritura- servirá como basamento para trabajar de forma homogénea, pero también particularizando en cada territorio.
Queda claro entonces: ahora que la violencia de género forma parte de nuestras agendas, que reconocemos su existencia en el país y la entendemos como un desafío, urge también perfeccionar vías para acompañar a las mujeres que se encuentran en esa situación. Los primeros pasos ya están dados.
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